Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó durante las sesiones del 24 y 25 de marzo de 2026 las reformas a la Ley de Vivienda, modificando el marco jurídico para permitir que instituciones como Infonavit y Fovissste constituyan filiales encargadas de comprar terrenos, construir y remodelar viviendas para su venta o renta. La aprobación en lo general registró 356 votos a favor y 99 en contra, mientras que en lo particular los cambios fueron avalados con 354 votos a favor y 95 en contra, marcando un cambio de paradigma al sustituir el concepto de ‘vivienda digna y decorosa’ por el de ‘vivienda adecuada’.
La iniciativa, impulsada por el partido Morena y sus aliados, transforma el rol de las instituciones de vivienda, pasando de ser facilitadoras de crédito a actuar como intermediarias y desarrolladoras directas. Durante el debate, legisladores de la oposición, incluyendo miembros del PAN y PRI, objetaron la reforma argumentando que se traslada la carga de la construcción a los fondos de los trabajadores, lo que genera un conflicto evidente en el modelo de protección social.
Paralelamente a la aprobación legislativa en la capital, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, anunció en Hermosillo un programa de vivienda social con respaldo federal que incluye una inversión autorizada de 10,000 millones de pesos. Con este recurso, la meta de construcción de viviendas en la entidad se elevó de 33,800 a 65,000 unidades; actualmente se reportan 9,694 viviendas en construcción y 18,126 en fase de planeación en el estado.
Las posturas divididas quedaron expuestas durante la discusión en el pleno. Mientras la bancada oficialista defendió el nuevo modelo como parte de la ‘vivienda del bienestar’, los críticos señalaron los riesgos de convertir a las instituciones de seguridad social en agentes de mercado inmobiliario. La diputada Blanca Gutiérrez Garza, del PAN, expresó su preocupación respecto a la gestión de los fondos laborales bajo el nuevo esquema, aunque su declaración completa no fue detallada en los registros inmediatos de la sesión.
La reforma aprobada modifica diversos ordenamientos, incluyendo la Ley del Seguro Social y la Ley Federal del Trabajo, para habilitar legalmente estas nuevas facultades de las instituciones de vivienda. El cambio en la terminología legal busca, según los promotores, actualizar los estándares de habitabilidad, aunque persiste el debate sobre si esta modificación garantiza realmente el acceso a créditos más accesibles para los trabajadores mexicanos.
Con la publicación de los decretos correspondientes, se espera que las nuevas disposiciones entren en vigor próximamente, lo que permitirá a las instituciones comenzar los procesos para la creación de sus filiales constructoras. Este movimiento legislativo representa uno de los ajustes más significativos a la política de vivienda en México en la última década, buscando reducir el déficit habitacional mediante la intervención directa del Estado en la producción de inmuebles.